Escribe: Jorge Notaro. Economista. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII y del Núcleo de Pensamiento Crítico de la UDELAR.
Desde 2005 hasta 2014 mejoraron las condiciones materiales de vida de los sectores populares, aumentaron el número de personas trabajando, los empleos con cobertura de la seguridad social, la capacidad de compra de los salarios y de las pasividades; se redujo el número de personas pobres y de desempleados. En 2015 algunos de estos aspectos se revirtieron, durante 2018 trabajaron 54.000 personas menos que en 2014, aumentó el número de desempleados, el salario real se congeló y las pasividades perderán poder de compra. Hay opciones de política económica para lograr resultados distintos y llama la atención que el equipo económico le haga un gol en contra al FA cuando se aproximan las elecciones.
La coyuntura y el contexto estructural.
Estos procesos de corto plazo tienen como contexto estructural el carácter del Uruguay como sociedad capitalista dependiente. Capitalista, por qué la mayoría de las personas tienen que vender su capacidad de trabajar para generar un ingreso que les permita sobrevivir; como resultado una minoría domina y explota a la mayoría. Dependiente por la inserción internacional mediante la articulación del capital financiero transnacional con las clases dominantes locales y sus resultados en la deformación de la economía en función de necesidades externas así como la transferencia de riqueza en forma de utilidades Inversión Extranjera Directa (IED) y de intereses de deuda externa. En la coyuntura, en un período corto los actores toman medidas de lucha confrontando sus proyectos y se profundizan las contradicciones por los ingresos y por el poder.
Las decisiones de política económica del gobierno trataron de cumplir con los sectores populares y al mismo tiempo respetaron las exigencias del capital financiero con el fundamento de captar inversiones que permitirían crear empleos de calidad. En ningún caso se dio la batalla cultural y se deterioraron las relaciones con las organizaciones populares.
Los principales indicadores económicos.
El indicador que mide el nivel de actividad económica se llama Producto Interno Bruto (PIB), si aumenta quiere decir que la economía anda bien y si baja quiere decir que la economía anda mal. El PIB creció al 5.4% desde 2004 hasta 2014, más de la mitad del crecimiento fue resultado del aumento del consumo privado y fue muy importante el aumento de las inversiones en maquinarias y equipos, tanto del Sector Privado (10.4% anual) como del Sector Público (21.5% anual). Desde 2015 hasta el tercer trimestre de 2018 el PIB creció menos de 2% anual, se contrajo la demanda interna con un consumo privado estable y una profunda caída de la inversión pública y de la IED; se aumentaron las tarifas de las empresas públicas para contribuir a reducir el déficit fiscal. El número de personas trabajando en todo el país llegó en 2014 a un millón seiscientos ochenta mil personas, el número de desocupados se redujo hasta un mínimo de ciento diez mil en 2011 y la mejora en la calidad del empleo se apreció en el significativo aumento del empleo con cobertura de la seguridad social. Desde 2015 comenzó la reducción del número de personas trabajando, en 2018 trabajaron cincuenta y cuatro mil personas menos que en 2014 y se registró un aumento de cuarenta mil personas desempleadas con relación al mínimo de 2011.
En las negociaciones en los Consejos de Salarios hasta 2014 se discutían aumentos futuros que, con distintas fórmulas, serían mayores que el aumento del índice de Precios al Consumo (IPC). Pero desde 2015 el Poder Ejecutivo impuso la desindexación de los salarios del IPC y como consecuencia la capacidad adquisitiva de los salarios reales quedó congelada, y como consecuencia, también quedaron congeladas las jubilaciones. Algunos periodistas ignorantes y algunos gobernantes poco dispuestos a la autocrítica afirman que en 2018 aumentó el salario real, es decir, la capacidad de compra de los salarios. El mencionado aumento significa que cada $1.000 por mes que cobraba un asalariado durante 2017, en el año 2018 cobró 1.001,40, es decir un aumento de un peso con cuarenta centésimos. La irrelevancia del aumento permite afirmar que los salarios se congelaron.
La política económica alternativa.
Eran posibles otras medidas de política económica para mejorar las condiciones materiales de vida de los sectores populares En la Rendición de Cuentas que se aprobó en 2018 era posible aumentar la inversión pública, el gasto para mejorar las condiciones de vida de los que tienen bajos ingresos y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal.
Se requería aumentar los impuestos al capital, por qué llevan más de diez años de grandes ganancias y pagan muy poco, como por ejemplo con las medidas propuestas por el PIT – CNT de aumentar del 25 al 30% la tasa de pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y en el Impuesto al Patrimonio (IPAT), actualizar los valores de los bienes gravados, aumentar las tasas, reducir el mínimo no imponible y los bienes exentos. La tasa del IPAT va desde un mínimo del 7 por mil para las personas hasta un máximo de 1,5% para las empresas.
En la última ronda de los Consejos de Salarios eran posibles mayores aumentos que tendrían como consecuencia una mayor demanda de alimentos y servicios básicos, los que para aumentar su nivel de actividad contribuirían a alcanzar un mayor número de personas trabajando El movimiento sindical, las organizaciones de pasivos, la Universidad de la República, así como otras organizaciones populares, fueron derrotados. Se impuso la política económica que expresa los intereses de las clases dominantes por medio de las recomendaciones de las calificadoras de riesgo y el FMI, las reivindicaciones de las cámaras empresariales, las críticas de los dirigentes de los partidos de oposición, los fundamentos pretendidamente científicos de los economistas de las consultoras locales que asesoran al capital y la insistente difusión a través del oligopolio de medios que tratan de convertir las mentiras en verdades.
